falta de actividad en el trámite de las causas y juicios, por desidia de los funcionarios judiciales o por exceso de las partes o de sus letrados. Tal posibilidad puede conducir al fin del proceso por la caducidad de la instancia. La que se concreta en los juzgadores se asemeja bastante a la negativa a fallar, constitutiva de delito, pero disfrazada aquí, por el benéfico de la duda, por las tradicionales dilaciones del enjuiciamiento, debidas al cúmulo de litigios o procesos y por la complejidad de muchas de ellos. Tal morosidad suele motivar peticiones de rápido despacho; y, en la misma legislación específica, consiste en ocasiones fundar recursos ante el tribunal superior, con la doble finalidad de remover el estancamiento y de imponer algún correctivo disciplinario, cuando sea procedente.
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