derecho a profesar cualquiera de las religiones existentes o que puedan fundarse, o de no omitir ni practicar alguna de ellas, siempre que no se ofenda a la moral pública, se respete igual facultad en los demás y no se perturbe el orden público. La existencia de una religión oficial del estado no es incompatible con la libertad de conciencia, aunque si destruya la igualdad que el laicismo reconoce para el estado y los gobiernos ante las diferentes manifestaciones del sentimiento religioso, separable de los problemas ciudadanos.
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