Justicia y prensa

 

Indudablemente constituye una tarea pendiente de nuestra depauperada Democracia, el  poder contar con una regulación que establezca los justos límites entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso penal  que no se contamine hasta límites vomitivos con la injerencia de unos medios de comunicación insensibles, burdos y que se han prostituido al confundir sus nobles fines con la necesidad de vender morbo y basura informativa.

 

Porque resulta legítimo y pilar de cualquier Democracia el contar con una prensa profesional, independiente y libre a la hora de poder informar, y resulta imprescindible contar con una Justicia también independiente por carta de naturaleza y que pueda desarrollar su difícil labor de administrarla sin presiones externas. Presiones que no sólo son políticas sino que también se imponen desde esos medios de comunicación irresponsables. Con todo, muchas veces las injerencias se mezclan y terminan formando un juicio paralelo que marca el resultado del proceso penal, en el que  terminan siendo víctimas  propiciatorias de esa rastrera tendencia  y forma de hacer mal periodismo,  las propias familias afectadas, como lamentablemente sigue ocurriendo con la de Marta del Castillo.

 

Se termina señalando con el dedo acusador, que muchas veces viene manchado de infamia, a personas que son juzgadas y que de facto ya resultan condenadas antes que una sentencia firme así lo declare. Se prejuzga y muchas veces  las decisiones judiciales son conocidas antes por los medios de comunicación, que por los propios interesados que se juegan su derecho a la libertad.

 

Los propios gabinetes de prensa que existen ante los Tribunales, y que deberían velar por la confidencialidad en relación a cierta información sensible del proceso, son los primeros que se encargan de filtrarla. Y no pasa nada, porque por desgracia, también es verdad que en este país no pasa nada mientras que ciertos casos, que resultan sangrantes, no se conocen públicamente a través de los medios de comunicación. Hasta ese momento ni reacciona con contundencia la Justicia,  ni tampoco otras instituciones, como recientemente ha sido ejemplo de ello la Universidad de Sevilla.

 

Porque, lo difícil, es encontrar  un punto de equilibrio, una solución intermedia que debería  marcar el sentido común y de decencia. En primer lugar por parte de una política que ha  de respetar no sólo de boquilla la actuación de los Tribunales; en segundo lugar por parte  unas instituciones que cuentan con medios sancionadores internos para corregir conductas manifiestamente reprochables; en  tercer lugar por parte de  una prensa que debería saber cuál es la medida de su derecho a informar sin difamar y causar un daño irreparable; y por último por parte de  una Justicia que se debería bastar por sí misma para no fomentar el escándalo, y propiciar una prensa de Tribunales que , hoy en día, está alimentada por la extravagancia y el esperpento  y en la  que, a veces , porque ello suele ser excepción, algunos miembros de fuerzas de seguridad, algunos fiscales y jueces se quieren ver retratados más que en criterios puramente técnicos del proceso, en la imagen que su actuación reportará en un titular de periódico  o en  una cabecera de telediario.