denominados así por la composición igualitaria en número de representantes de trabajadores y de patronos, presididos por un funcionario de designación gubernamental, el procedimiento era verbal y sumario; el acto de conciliación, obligatorio y en la misma audiencia las partes proponían y diligenciaban las pruebas y alegaban sobre los hechos del objeto de la acción. Como tribunal de alzada cabía recurrir a los fallos de los jurados mixtos ante el ministerio del trabajo.
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