relevo de responsabilidad penal, e incluso civil, que la ley concede a los que desempeñan determinadas funciones o cargos. Este privilegio se aplica por dos ideas la necesidad de asegurar en el ejercicio de las funciones una entera libertad de y la inverosimilitud, de las acusaciones que podrían dirigirse. Esto último especialmente, para poner a cubierto a los jueces de las acciones que podrían intentar los litigantes perdedores, alegando el error o la injusticia de los fallos. Ahora bien, con la inmunidad se establece por causa de la profesión particular, no se aplica más que si en el acto dañoso a sido cometido en ejercicio de la función; además, por ser precepto excepcional, ha de interpretarse restrictivamente.
En esa inmunidad se encuentran comprendidos los parlamentarios, los abogados, los funcionarios de la policía judicial, y, dentro de ciertos límites los periodistas.
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