en determinada categoría de expedientes que instruye la administración para la adopción de resoluciones que recaen sobre cuestiones de singular trascendencia (estudios y proyectos sobre obras públicas, planes de ordenación urbana, grandes redes de comunicación, modificación o creación de ordenanzas fiscales municipales, etcétera, u otros que deben adoptarse acuerdos que pueden afectar a una diversidad indeterminable de administrados (concesión sobre aguas fluviales, apertura de ciertas industrias, concesiones sobre transporte público, etcétera), el ordenamiento jurídico obliga a la administración instructora a la apertura de un trámite de información pública, denominada también, en ocasiones, de exposición pública. La información pública consiste en una audiencia indiscriminada; en ella puede intervenir cualquier administrado, sea o no afectado por la resolución que pueda adoptarse, formulando reclamaciones, propuestas o soluciones, en relación a la materia objeto de las actuaciones administrativas y, en definitiva sobre la resolución que pueda adoptarse.
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