la disolución del contrato de trabajo por voluntad exclusiva y sin justificativo de una de las partes, es un suceso que, además de causar una perturbación a la parte inculpable, produce una alteración de carácter social. En los regímenes que adoptaron la estabilidad absoluta, el despido se nulifica y el patrono debe reintegrar al cargo al trabajador despedido; en los que no han seguido este sistema, la lesión económica se cubre con una indemnización. La obligación de indemnizar surge por el simple hecho de despido sin causa, que es lícito. Por lo tanto, la obligación pertinente existe con prescindencia de otra obligación de indemnizar, de acuerdo con las reglas de derecho común, cuando el despido implica una violación imputable del contrato o un acto ilícito. Así, la obligación de indemnizar en el caso del despido sin justa causa se desdobla a veces en dos obligaciones distintas una que se adeuda por el solo hecho de la denuncia y otra por el acto de infracción, contractual o extra contractual, que va unido al despido. Uno de los casos más frecuentes, en que la indemnización es adeudada por la infracción de un deber emanado del mismo contrato, es aquel del despido declarado sin observación de los plazos de preaviso establecidos por la ley. Según garcía martínez, "la indemnización por falta de preaviso constituye el resarcimiento del daño ocasionado por la ruptura arbitraria, sin aviso previo, de la relación jurídica de trabajo. La indemnización representa el quantum de daños que sufre la parte que se ve privada, por voluntad de la otra, del período de preaviso que legalmente le corresponde; de ahí que la indemnización consiste en una suma igual a la que el empleado u obrero habría ganado durante dicho período. No debe olvidarse que, sin la percepción del salario, el trabajador no podría subsistir, y que el preaviso tiende precisamente a hacer posible la continuidad de esa percepción".
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