el delito motiva siempre por definición, la imposición de una pena y puede dar lugar a una pretensión de resarcimiento cuyo objeto sea la indemnización. Esto ocurrirá siempre que la infracción penal cause también un daño. Un mismo hecho originará dos series de consecuencias las penales, en virtud de su tipicidad, y las civiles de resarcimiento, en cuanto evento dañoso. La pena es una sanción pública; la indemnización contempla intereses primordialmente privados, su montante se calcula de acuerdo con el daño causado por la infracción y su finalidad es la de restablecer el equilibrio jurídico-privado alterado por la infracción penal. La pena solo es debida por la persona culpable y precisamente al estado. La indemnización puede ser abonada por un tercero con carácter principal o subsidiario, bien sea persona física o jurídica; y el beneficiario es el perjudicado o los que de él traigan causa. Por ello no resulta paradójico hablar de delitos que no dan lugar a responsabilidad civil, así como hablamos de ilícitos no sancionados penalmente.
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