es una de las funciones o poderes del estado en la que su titular es el presidente de la república, se encamina al mantenimiento de un orden jurídico dado, intentando restablecerlo cuando ha sido violado y resolviendo conflictos intersubjetivos de intereses de acuerdo con las normas objetivas del derecho. Los actos de la función ejecutiva están referidos fundamentalmente al orden como un todo, siendo una exigencia el que todos ellos sean explicables en razón de la finalidad global que se persigue. Puede considerarse por ejemplo, como un acto de ejecución, el nombramiento de un funcionario (que obviamente, no entraña ni legislación, ni jurisdicción). Cuando el estado realiza estos nombramientos, actúa (como también actúa cuando legisla o sentencia), mediante una actuación material en la que existe un tipo de "ejecución jurídica" que se descubre al poner en contraste los diversos actos jurídicos estatales entre sí el acto de nombramiento de un funcionario aparece como ejecutivo en relación con la ley general de funcionarios públicos.
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