La GOTA FRÍA que desnudó a un país.

Hace justo un año, el 29 de octubre de 2024, una gota fría —o como se la rebautizó oficialmente, una “DANA”— golpeó brutalmente el litoral sur de Valencia. No fue la primera vez que la ciudad se vio arrasada por el agua, pero sí una de las más devastadoras en décadas. Y no sólo por la lluvia. Lo que aquel día se desbordó no fue sólo el cauce de los ríos: también lo hicieron la gestión, la coordinación y, en cierto modo, la confianza en el Estado.

 

Una vieja historia con nombre nuevo

Valencia y las inundaciones llevan siglos de relación forzada. Crónicas del siglo XIV ya narran crecidas del Turia en 1321, 1340 o 1475. En aquel entonces, se interpretaban como castigos divinos. Hoy sabemos que es la geografía, no el cielo, quien impone estas pruebas cíclicas.

Pero hubo un antes y un después en la historia moderna de la ciudad: la riada de 1957, con 87 muertos confirmados. De aquella tragedia nació el “Nuevo Cauce del Turia”, una obra de ingeniería colosal para su época. Durante décadas, la ciudad pareció a salvo gracias a presas, embalses y políticas hidráulicas sólidas.

Cambio de rumbo y,  ¿abandono?

A partir de 2004, las estrategias de contención empezaron a diluirse. Se redactó un nuevo plan de encauzamiento bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero nunca se ejecutó. El Plan Hidrológico Nacional quedó en suspenso, y con él, una visión de gestión del agua a largo plazo.

Más tarde, los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantuvieron esa tendencia. Entre 2021 y 2022, España demolió 256 presas y azudes, casi la mitad de los que desaparecieron en toda Europa. En la Comunidad Valenciana, fueron 26. La medida, amparada en criterios medioambientales europeos, dejó a muchas zonas sin infraestructuras clave para frenar avenidas.

Mientras tanto, las confederaciones hidrográficas prohibían a los agricultores limpiar cauces y ramblas. El resultado fue el contrario al esperado: vegetación, sedimentos y obstáculos que, en caso de tormenta, se convertirían en trampas naturales. Una suma peligrosa de desatención y normas rígidas.

La cronología del caos

La madrugada del 29 de octubre, la AEMET mantenía el aviso naranja. A las 6:36 de la mañana lo elevó a rojo.
A las 9:30, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reunió a los organismos estatales. Tres horas después, lanzó un mensaje tranquilizador: “el riesgo disminuirá a partir de las seis de la tarde”. Pero a esa misma hora, los técnicos del Júcar ya alertaban de caudales alarmantes en el río Magro: 350 metros cúbicos por segundo y subiendo.

Al mediodía, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, repitió la previsión errónea: lo peor pasaría pronto. Poco después se marchó a comer.

A las 16:55, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) volvió a avisar: los caudales superarían los mil metros cúbicos por segundo. A las 18:33, el Barranco del Pollo —un punto negro conocido— se desbordaba. Diez minutos más tarde, el flujo alcanzaba los 1.686 metros cúbicos por segundo.

Y mientras el agua arrasaba pueblos enteros, la alerta a los teléfonos móviles, el sistema EES Alert, no se envió hasta las 20:01.

Una hora antes, en el centro de emergencias, se discutía si enviarla o no. Una hora decisiva perdida. Mazón llegó al CECOPI a las 20:28.

A las 21:20 habló públicamente, aún sin información completa. La tragedia ya era irreversible.

El precio del desastre

La cifra oficial de fallecidos fue 229, aunque diversas fuentes apuntan a un número mucho mayor. Más de 2.600 heridos, 300.000 personas afectadas y pérdidas estimadas en 17.800 millones de euros. Un golpe social y económico colosal.

A las críticas por la falta de prevención se sumaron las de reacción. Ni Defensa ni Interior desplegaron de inmediato la UME o fuerzas de rescate a gran escala. La ayuda internacional, como la ofrecida por Francia, fue inicialmente rechazada. Hubo denuncias de que voluntarios extranjeros llegaron antes que los equipos oficiales.

Durante días, los ciudadanos repitieron una frase que se convirtió en lema: “Sólo el pueblo salva al pueblo”. Y así fue. La solidaridad de vecinos, jóvenes, colectivos chinos, empresas locales y voluntarios anónimos sostuvo lo que las instituciones no alcanzaron a sostener.

Política, responsabilidades y silencios

Buena parte de las críticas posteriores recayeron sobre Teresa Ribera, entonces ministra para la Transición Ecológica, acusada de haber paralizado obras clave en el Barranco del Pollo en 2021. Alegó motivos medioambientales y coste-beneficio. Aquella decisión, vista hoy, resultó fatal.

Poco después, Ribera sería nombrada comisaria europea.

Y mientras tanto, los terrenos arrasados por el agua comenzaron a ser adquiridos por fondos de inversión y grandes corporaciones.

El paisaje de la catástrofe se transformó rápidamente en terreno de especulación.

¿Estado fallido o sistema agotado?

Más allá del desastre, la gota fría de 2024 dejó al descubierto una fractura profunda: la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos cuando más lo necesitan.

Las instituciones fallaron en todos los niveles —local, autonómico y nacional— en un país donde los cargos se otorgan más por lealtad política que por competencia técnica.

Mientras se destinan recursos a agendas internacionales o debates ideológicos, los cimientos de la gestión pública se desmoronan.

 

La monarquía, por su parte, permaneció simbólicamente distante. Y la población, resignada, aprendió una lección amarga: cuando el Estado se ausenta, sólo queda la solidaridad civil.

Un año después

Doce meses más tarde, las heridas siguen abiertas. Las infraestructuras dañadas requieren más de 12.000 millones de euros para su reconstrucción. El mantenimiento de presas y cauces continúa siendo insuficiente. Las promesas políticas, recicladas.

Y el miedo a que todo vuelva a repetirse, sigue ahí, latente.

La gota fría de 2024 no fue sólo una tormenta. Fue un espejo. Uno que reflejó la fragilidad de un país que, entre lluvias y olvidos, parece seguir sin aprender a protegerse de sí mismo.