en argentina, con anterioridad a la sanción del actual código procesal, la inobservancia de los plazos legales para pronunciar sentencia autorizaba a las partes para deducir el llamado "recurso de queja por retardo de justicia", el cual debía ser presentado ante las cámaras de apelaciones o ante la corte suprema según que, respectivamente, la morosidad fuere imputable a un juez de primera instancia o a un tribunal de alzada.como la experiencia demostró la inoperancia de ese sistema, el nuevo código lo reemplazo por el de la pérdida automática de la jurisdicción, y de la consiguiente nulidad de la sentencia dictada con posterioridad al plazo que correspondiere.
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