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    con distintas denominaciones, "sanciones conminatorias", "sanciones disciplinarias", "multas", el código procesal argentino establece la sanción consistente en una suma de dinero graduada entre máximos y mínimos o en un porcentaje sobre el monto del pleito; alguna vez, se deja librado al arbitrio judicial el importe; las más de las veces, la ley indica los extremos dentro de los cuales se podrá fijar la sanción.
    Se observa el predominio del concepto de multa, y, aunque su fundamento, derivado de la infracción a un deber de conducta, la incorpora a la sistemática de lo penal- procesal, obliga a ser sumamente cauteloso en la discriminación se sus caracteres.
    La multa procesal no es la multa-pena, sino la multa-crédito, y de ahí que se incorpore al patrimonio de su destinatario, sea el litigante, sea la dotación de las bibliotecas de los tribunales nacionales, y se organice un sistema para su percepción, en éste último caso.
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