DISCUSIÓN ABIERTA [Foro] › Foros › DISCUSIÓN ABIERTA [Foro] › Opinión pública y contrapesos limpios

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    Xose Gabriel Vázquez
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    Una prensa intervenida y convertida en ariete mafioso es el síntoma más claro de que las estructuras del Estado de derecho crujen.

    Hay noticias que, por su crudeza institucional, sacuden el tablero y obligan a detenerse en la trastienda invisible de la vida pública.

    La revelación de que la empresa editora de OkDiario desembolsó más de 240.000 euros para sufragar los honorarios de la abogada de Koldo García no es un simple capítulo pintoresco de la crónica negra judicial; es un síntoma clínico de cómo se ha pervertido la economía del ecosistema mediático en España. Cuando un medio de comunicación cruza la frontera de contar la realidad para convertirse en financiador activo de la defensa penal de un imputado clave en un caso de corrupción, deja de hacer periodismo para operar como un actor de parte en una estrategia de demolición controlada.

    En el marco de lo que podríamos llamar nuestra «economía natural» de la información, un medio de comunicación se sostiene, idealmente, sobre el valor de su rigor, la confianza de sus lectores y la transparencia de su modelo de negocio. Sin embargo, en el ecosistema actual, asistimos a la proliferación de estructuras editoriales cuyo sustento financiero real —nutrido en ocasiones de flujos opacos y generosas campañas de inserción publicitaria institucional o de mecenazgos ideológicos bajo sospecha— responde a incentivos muy ajenos al interés general. El objetivo ya no es informar, sino demoler al adversario político. Y para ello, vale todo: desde la agitación permanente hasta la inyección de recursos económicos directos en causas judiciales vivas con tal de mantener encendida la hoguera del desgaste partidista.

    Esta praxis no brota de la nada; hunde sus raíces en una turbia tradición de hostigamiento informativo que cuenta con ilustres y lamentables precedentes. ¿Cómo olvidar las delirantes invenciones y falsas pistas durante la instrucción del 11-M destinadas a sostener teorías de la conspiración insostenibles? ¿O la maquinaria de las llamadas «cloacas» y la articulación de informes policiales falsos filtrados a rotativos afines?

    Más recientemente, la metamorfosis de ciertos pseudoactores informativos —convertidos en agitadores profesionales a los que se ha tenido que retirar la acreditación parlamentaria ante el persistente acoso a sus objetivos— demuestra que el lawfare y la instrumentalización de la chequera y el megáfono no son excepciones puntuales, sino una patología estructural extendida.

    A esta instrumentalización se suma una vuelta de tuerca aún más peligrosa: el señalamiento directo y la intimidación a los periodistas que intentan arrojar luz sobre estas operativas.

    Lo más sangrante de este engranaje no es solo el uso de tácticas mafiosas para silenciar la información independiente, sino que una parte sustancial de este entramado se subvenciona con el dinero de todos los contribuyentes. Partidos y gobiernos alimentan con presupuestos públicos la caja de medios y agitadores dedicados, precisamente, a corromper el debate democrático.

    Un periodismo sano, sensato y respetuoso con las instituciones debería ser el primero en espantar la mosca de estas prácticas chabacanas. Cuando la profesión se degrada hasta el punto de inyectar fondos en los banquillos de los acusados o de amparar el hostigamiento callejero bajo el disfraz de la libertad de prensa, se destruye el principio básico de la competencia leal en el mercado de las ideas. Se contamina el pozo de la opinión pública hasta anular la capacidad del ciudadano para discernir entre la información veraz y la propaganda mercenaria.

    La salud de nuestra economía política depende de la existencia de contrapesos limpios. Si permitimos que el periodismo de investigación sea sustituido por el periodismo mercenario, financiado desde la penumbra con dinero de todos, el espacio público se convierte en una ciénaga donde la verdad cotiza a la baja.

    Denunciar esta deriva no es hacer seguidismo de bando o de parte, sino exigir un mínimo de decencia higiénica en el sector. Al fin y al cabo, una prensa intervenida y convertida en ariete mafioso es el síntoma más claro de que las estructuras del Estado de derecho crujen. Y cuando los cimientos de la democracia se resquebrajan, la economía real —la que crea empleo, riqueza y estabilidad— termina también pagando la factura.

    XOSÉ GABRIEL VÁZQUEZ
    Psicólogo Social l Analista Social l Redactor | Columnista |
    Escritor l Profesor de Master universitario UNED l Divulgador

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