El gran error de la política que cometen tanto la izquierda como la derecha

La pregunta política relevante no es quién debe gobernar el sistema, sino qué combinación de reglas, escalas y centros de decisión permite que el sistema aprenda sin que sus errores se propaguen.

Hay quienes creen que existe un modelo ideológico o un conjunto de directrices políticas que indefectiblemente siempre hacen del mundo un lugar mejor y más justo con independencia de lo que la gente considere mejor o más justo y en todos los contextos, problemas y derivadas.

Pero también es verdad que en realidad muchos no abrazan una ideología porque crean eso, sino porque les hace sentir bien y les conecta con un grupo concreto de gente.

Por eso las ideologías son tan peligrosas. Porque nunca sabes muy bien si las aceptas porque son correctas en todos los momentos, para todos los problemas y para toda clase de personas (plano epistémico) o porque te otorgan identidad y te permiten rebajar el miedo a la incertidumbre (plano simbólico).

Es decir, nunca sabes bien si abrazas una ideología por religión (no se cambia) o porque se realiza una continua falsación y adaptación de esa ideología a las nuevas evidencias, datos y preferencias de grupos humanos (se cambia continuamente).

Sin embargo, cuando echas un vistazo y descubres que todas las ideología producen horrores, uno tiende a pensar que más bien son religiones en vez de soluciones adaptativas para un mundo dinámico y poliédrico.

Por todo ello no es raro que exista esa fantasía política extraordinariamente persistente según la cual debe existir alguna magnitud fundamental que, si conseguimos maximizarla, nos permitirá saber si una sociedad funciona bien. Para unos será el crecimiento económico. Para otros, la igualdad. También podemos escoger la libertad, el bienestar, la esperanza de vida, la productividad o la reducción de emisiones. Basta elegir nuestro marcador favorito y comenzar a mover las piezas.

El problema es que las sociedades no suelen comportarse como máquinas diseñadas alrededor de una única función objetivo. Se parecen más a ecosistemas llenos de organismos que cooperan, compiten, recuerdan, imitan, se enfadan y cambian de estrategia.

Por eso muchas discusiones entre izquierda y derecha quizá estén mal formuladas desde el principio. Una parte de la derecha puede confiar demasiado en la idea de que una sociedad más rica termina siendo una sociedad mejor, incluso cuando algunas personas cargan reiteradamente con los costes de producir esa riqueza. Una parte de la izquierda puede cometer el error simétrico y tratar la reducción de la desigualdad como si fuera una variable que debiera maximizarse con independencia de los demás efectos. Pero crecimiento, igualdad, libertad, seguridad, autonomía, confianza y estabilidad no son diales independientes de una mesa de mezclas. Tocamos uno y los demás se mueven. A veces de manera previsible. Otras veces descubrimos el efecto varios años después, cuando descubrimos que somos más pobres, o que hay menos oportunidades laborales, o que el país ya no es tan competitivo.

Eso convierte la política en un problema bastante más desagradable que decidir quién tiene razón. Una sociedad puede enriquecerse mientras determinados grupos se empobrecen. Puede hacerse más igualitaria destruyendo incentivos que producían beneficios compartidos. Puede ser más eficiente y simultáneamente menos soportable para una parte de sus miembros. Y puede adoptar decisiones perfectamente democráticas que, repetidas durante suficiente tiempo sobre las mismas personas, terminen erosionando la legitimidad de la propia democracia. Los sistemas complejos tienen esta mala costumbre. Una intervención puede mejorar aquello que estamos midiendo y deteriorar precisamente aquello que habíamos olvidado medir.

Quizá por eso la pregunta política más interesante no sea qué sistema produce el resultado máximo, sino qué configuraciones consiguen mantener simultáneamente suficientes cosas dentro de límites aceptables. Es decir: no tanto eliminar todos los perdedores, algo probablemente imposible, como evitar que los mismos pierdan siempre, de forma demasiado masiva o persistente. No tanto impedir cualquier desigualdad, como preguntarnos cuándo una diferencia se transforma en una forma de poder para imponer las reglas del siguiente reparto. No tanto confundir una decisión eficiente con una decisión estable. Y, sobre todo, no tanto olvidar que quienes aparecen en nuestras ecuaciones como costes, minorías o externalidades tienen la molesta propiedad de levantarse de la tabla, organizarse y devolvernos el cálculo con otros resultados que nadie es capaz de predecir.

La política como forma de simplificar la realidad

Tanto la derecha como la izquierda pueden caer en una forma de monismo. La derecha puede decir «maximicemos crecimiento». La izquierda puede decir «minimicemos desigualdad». Pero los ciudadanos pueden estar haciendo algo que no cabe bien en ninguna de esas funciones unidimensionales. Están buscando configuraciones aceptables entre objetivos incompatibles. Eso invita a abandonar la idea de que existe una única variable maestra que permita ordenar todas las sociedades de peor a mejor. Crecimiento, igualdad, libertad, seguridad, estabilidad, autonomía, movilidad social y legitimidad interaccionan de manera no lineal. Maximizar cualquiera de ellas puede degradar otras.

Los sistemas complejos casi nunca encuentran óptimos globales. Funcionan mediante soluciones suficientemente buenas que mantienen muchas restricciones simultáneamente dentro de márgenes tolerables.

El problema no es únicamente moral. Es epistemológico. Para sumar utilidades necesitas asumir que puedes comparar satisfacciones entre individuos. ¿Qué significa realmente que una política proporcione «20 unidades» de bienestar a mí y «10» a ti? Ello exige supuestos fuertes sobre comparabilidad interpersonal y normalización de utilidades.

Dos personas pueden recibir exactamente el mismo resultado y, sin embargo, valorar de manera radicalmente diferente el compromiso si sus alternativas externas eran distintas. Por eso, si bien los mercados suelen presentarse como sistemas basados en intercambios voluntarios, cabe preguntar a preguntar voluntarios respecto a qué alternativa. Si mi opción exterior es excelente, puedo rechazar acuerdos malos. Si mi alternativa es hambre, desahucio o desempleo prolongado, puedo aceptar algo que formalmente es voluntario y, sin embargo, se encuentra profundamente condicionado por mi posición dentro del sistema. A la inversa, una regulación que intenta corregir esa asimetría puede alterar los incentivos, reducir intercambios beneficiosos o crear nuevas dependencias.

La complejidad aparece precisamente porque modificar el poder de negociación de un nodo cambia después el comportamiento de toda la red. No hay una flecha moral sencilla. Ni tampoco una instancia epistémica capaz de resolver de forma satisfactoria todos los problemas que produce el mercado sin generar nuevos problemas.

Es algo que Elinor Ostrom, la primera mujer del mundo en ganar un Nobel de Economía, ha sostenido repetidamente: que los problemas complejos deban resolverse mediante una única autoridad, una única escala o una única solución institucional. Por ello, ha mostrado que combinaciones de unidades grandes y pequeñas pueden gestionar mejor distintos tipos de problemas que una homogeneización completa, yendo más allá de los mercados y también de los Estados.

Tras décadas investigando bosques, sistemas de irrigación, pesquerías, acuíferos y otros recursos compartidos, Ostrom ha descubierto que las propias comunidades inventan instituciones para gobernar los recursos. Establecen quién puede utilizarlos, cuánto puede extraer cada cual, cómo se vigila a los participantes, qué sucede si alguien hace trampas y cómo se modifican las reglas cuando cambian las circunstancias.

En lugar de buscar una institución óptima universal, propone estudiar sistemas adaptativos formados por actores heterogéneos, reglas locales, información imperfecta, distintos niveles de organización y procesos de retroalimentación. Las mismas reglas pueden funcionar estupendamente en una comunidad y fracasar en otra porque las relaciones entre los elementos son distintas.

Esto tiene consecuencias bastante profundas para nuestra concepción de la racionalidad. El individuo de muchos modelos económicos clásicos es una criatura deliberadamente simplificada que conoce sus preferencias y maximiza su utilidad. El ser humano de Ostrom se parece más al real. Aprende, imita, coopera, castiga, desarrolla reputaciones, confía, desconfía y modifica su comportamiento dependiendo de las reglas y de lo que hacen los demás. Por eso los incentivos no actúan sobre individuos aislados, sino dentro de redes sociales e institucionales.

Es decir, entre el Leviatán y el mercado hay una fauna institucional enorme que los modelos demasiado sencillos tienden a borrar.

Por consiguiente, muchos conflictos políticos se vuelven insolubles porque obligamos a todo el mundo a aceptar la misma solución. Descentralizar, permitir múltiples reglas o crear sistemas policéntricos puede transformar ciertos juegos de suma política en acuerdos donde distintos grupos obtienen configuraciones diferentes.

Tanto si aceptamos o no este enfoque, qué duda cabe de que hay algo intelectualmente sospechoso en la facilidad con la que la política convierte cuestiones morales en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Se cuentan votos, afectados, euros, empleos, años de vida, puntos de PIB o toneladas de CO₂ y, una vez colocadas suficientes cifras encima de la mesa, aparece la tentación de creer que el problema moral se ha descodificado. Si una medida beneficia a cien personas y perjudica a veinte, parece que solo queda pulsar el botón de OK.

El problema, naturalmente, es que las veinte personas perjudicadas continúan siendo veinte personas, circunstancia que la aritmética tiene la irritante costumbre de pasar por alto.

Por eso resulta tan interesante un reciente estudio de Jared Moore, Yejin Choi y Sydney Levine. Los investigadores hicieron algo bastante ingenioso: construyeron numerosos dilemas en los que tres grupos de personas tenían que escoger entre tres políticas posibles. Las consecuencias eran perfectamente cuantificables (una consulta médica algo más barata, menos tiempo esperando, unos minutos menos de desplazamiento, algunos años adicionales de vida), es decir, precisamente la clase de cosas que permiten a un economista sacar un lápiz con expresión de felicidad.

Después compararon distintas maneras de decidir cuál era el mejor compromiso.

La primera era la solución utilitarista, probablemente la más intuitiva para cualquiera que haya dividido alguna vez la cuenta de un restaurante: se suman todos los beneficios y gana la opción que produzca el total más grande. Es aséptica, comprensible y posee esa reconfortante apariencia de objetividad que tienen las operaciones matemáticas.

La segunda seguía un criterio contractualista y utilizaba el llamado producto de Nash. En vez de sumar los beneficios de los distintos grupos, los multiplica. Parece una diferencia menor hasta que uno advierte que una solución espléndida para dos grupos y miserable para el tercero puede salir bastante peor parada. La multiplicación, inesperadamente, se preocupa por el tipo que ha quedado arrinconado al fondo.

La versión publicada del estudio incorpora además alternativas igualitaristas, diseñadas para penalizar las diferencias excesivas entre unos grupos y otros.

De modo que, en esencia, los investigadores pusieron sobre la mesa varias concepciones de lo que significa alcanzar un compromiso razonable y dejaron que las personas eligieran entre ellas.

Cuando los distintos procedimientos recomendaban exactamente la misma política, naturalmente no había mucho que discutir. Pero cuando discrepaban (cuando la suma señalaba en una dirección y el producto de Nash en otra) los participantes tendían de manera consistente a preferir la solución contractualista.

Es un resultado pequeño, pero sugerente. Parece indicar que, cuando pensamos en lo que es justo, no nos limitamos a contemplar el tamaño del pastel final. También miramos los platos. Y si descubrimos que alguien ha recibido una miga mientras los demás se sirven una segunda porción, algo dentro de nosotros protesta, aunque un señor con una calculadora pueda demostrar impecablemente que, en conjunto, jamás habíamos tenido tanto pastel.

La diferencia puede parecer pequeña, pero políticamente es enorme.

Sumar permite compensaciones bastante brutales. Si el beneficio de muchos es suficientemente grande, el perjuicio sufrido por unos pocos puede desaparecer dentro del total con una facilidad asombrosa. Cien personas ganan diez, cinco pierden veinte, hacemos las cuentas y descubrimos que la sociedad, considerada como una única criatura imaginaria, ha salido ganando. Magnífico. Las cinco personas que han perdido veinte quizá no compartan el entusiasmo, pero ese es uno de los inconvenientes de ser una minoría estadística.

El producto de Nash se comporta de otra manera. Como multiplica en lugar de sumar, un beneficio muy pequeño para uno de los grupos hace caer con fuerza el resultado conjunto. No convierte automáticamente al peor situado en soberano (eso nos acercaría más al maximin rawlsiano, donde la atención se concentra en quien acaba peor), pero tampoco permite despacharlo como unas cuantas décimas negativas que pueden borrarse fabricando suficientes ganadores en otra parte.

Podríamos decir que funciona como una especie de detector matemático de cabreados.

El voto de los cabreados

Una sociedad puede funcionar estupendamente en términos agregados. Puede hacerse más rica, más saludable, más eficiente y producir gráficos que asciendan hacia la esquina superior derecha. Y, al mismo tiempo, puede contener grupos concretos que hayan perdido mucho, que pierdan repetidamente o que tengan la incómoda impresión de que cada nueva mejora colectiva consiste, misteriosamente, en que ellos entreguen algo para que los demás estén un poco mejor.

Desde el punto de vista del total, todo puede marchar de maravilla. Desde el punto de vista de quienes están abajo, la experiencia puede ser exactamente la contraria.

Y esas personas también votan. Más aún: pueden llegar a la conclusión perfectamente comprensible de que no tienen ningún motivo especial para conservar un sistema que siempre les explica, con cifras impecables, que su sacrificio ha sido un éxito. Una sociedad puede producir cantidades formidables de bienestar agregado y, sin embargo, acumular en algún rincón grupos con excelentes razones para querer mandar el tablero entero al carajo.

Por ello, una sociedad no es una cesta en la que podamos sumar bienestar. Es un sistema adaptativo formado por agentes que se observan unos a otros, recuerdan quién ha ganado, descubren quién pierde sistemáticamente y modifican después su comportamiento. La víctima de una política no permanece inmóvil dentro de la columna de «costes». Aprende. Desconfía. Busca aliados. Cambia de partido. Incumple normas. Se radicaliza. Emigra. Se organiza. Intenta modificar las instituciones que han producido su derrota. Pero la política utilitarista tiende a tratar como externalidades precisamente las reacciones que acabarán alterando el sistema.

Por eso me parece revelador que los participantes tampoco se hayan limitado a escoger simplemente la alternativa más igualitaria. Los autores han comparado el producto de Nash con una función que permite introducir cada vez más aversión a la desigualdad y, a lo largo de distintas parametrizaciones, el patrón contractualista ha seguido ajustándose mejor a las elecciones humanas. También lo han comparado con el mínimo rawlsiano, que privilegia al peor situado, y vuelve a aparecer la preferencia por Nash.

En otras palabras, las personas no parecen pedir sencillamente «que todos reciban lo mismo». Quieren algo más extraño y probablemente más político. Quieren que el resultado pueda parecer un compromiso entre intereses incompatibles. No se aspira a maximizar la suma. Ni siquiera a maximizar la igualdad. Lo que se quiere es encontrar una configuración en la que ninguna parte resulte absurdamente sacrificada.

Podemos verlo de otra manera. Quizá la pregunta fundamental de una democracia no debería ser únicamente «¿qué quiere la mayoría?», sino «¿qué derrotas puede absorber repetidamente una minoría antes de dejar de considerar legítimo el juego?». Ganar una votación resuelve un problema procedimental, pero no resuelve necesariamente un problema de cooperación. Una mayoría del 51 % podría imponer durante décadas decisiones perfectamente democráticas al 49 % restante y convertir, precisamente mediante procedimientos impecablemente democráticos, una sociedad en una máquina extraordinariamente eficiente para fabricar enemigos. La legitimidad posee memoria. No basta con contar cuántas personas han ganado hoy. Hay que observar la distribución temporal de las derrotas.

Una crítica a la tecnocracia

Esto ayuda también a entender por qué me parece tan limitada cierta fantasía tecnocrática. Imaginamos que los conflictos políticos persisten porque todavía carecemos de datos suficientes, de expertos suficientemente buenos o de una inteligencia artificial suficientemente inteligente. Pero muchos conflictos no son problemas de información. Son problemas de agregación. Podemos conocer perfectamente lo que quiere cada ciudadano y seguir sin saber qué debemos hacer cuando esas preferencias son incompatibles. Saber más no elimina la elección moral. Solo permite verla con mayor resolución. Una IA omnisciente continuaría necesitando una regla para decidir cuánto sufrimiento de A estamos dispuestos a intercambiar por cuánto bienestar de B. Y esa regla no cae del cielo con los datos.

El propio estudio ofrece aquí una advertencia interesante. Los autores han repetido el experimento con modelos de lenguaje. GPT-4 mostró en muchos casos una inclinación hacia el producto de Nash semejante a la humana, pero también divergencias importantes, especialmente en situaciones donde los propios mecanismos matemáticos estaban de acuerdo. Los modelos menores se alejaban todavía más de las elecciones humanas. No existe, por tanto, una misteriosa «moral de la IA» esperando ser descubierta debajo de suficientes parámetros. Los sistemas heredan, aproximan o reconstruyen maneras de agregar valores, y pequeñas diferencias en esa operación pueden cambiar la política elegida.

Pero cuidado, porque el experimento tampoco ha descubierto la ecuación secreta de la justicia. Los participantes eran adultos estadounidenses, trabajaban con escenarios simplificados en los que resultados y tamaños de los grupos estaban especificados con precisión y no tenían que enfrentarse a incertidumbre, propaganda, identidades políticas, intereses estratégicos o información manipulada. Además, los propios autores reconocen que nadie supone que los participantes estuvieran multiplicando mentalmente utilidades como pequeños John Nash encerrados dentro de sus cráneos. El producto matemático puede estar capturando una heurística psicológica bastante más elemental, algo parecido a «busca una solución suficientemente buena para todos».

Pero incluso con esas limitaciones podemos rescatar una idea bastante explosiva. Quizá una parte importante de la teoría política haya confundido durante demasiado tiempo optimización con legitimidad. El objetivo de una sociedad no puede consistir simplemente en producir el máximo número posible de unidades de algo llamado bienestar, del mismo modo que gobernar una ciudad no consiste en maximizar el tráfico que atraviesa sus calles. Importa el caudal, pero también importa que la infraestructura no colapse. Una sociedad estable necesita producir beneficios, pero también necesita impedir que determinados grupos descubran que para el sistema ellos son, una y otra vez, el término prescindible de la ecuación.

Tratar razonablemente a quienes pierden no es únicamente una concesión compasiva. Puede ser una condición de estabilidad. Una política capaz de producir acuerdos aceptables quizá sacrifique parte del máximo teórico a corto plazo para conservar la cooperación, la confianza y la legitimidad a largo plazo.

Desde esta perspectiva, el compromiso puede ser una tecnología social extremadamente sofisticada para impedir que un sistema compuesto por millones de agentes incompatibles termine dedicando toda su energía a destruirse a sí mismo.

En suma, en política solemos discutir como si tuviéramos que elegir el algoritmo correcto para gobernar la sociedad. Capitalismo o socialismo. Centralización o descentralización. Estado o mercado. Igualdad o eficiencia. Pero una sociedad es un sistema adaptativo compuesto por millones de agentes que reaccionan también a las reglas creadas para gobernarlos. La solución modifica el problema que pretendía solucionar.

Desde esa perspectiva, quizá la gran aportación de Ostrom pueda comprimirse en la siguiente sentencia: la pregunta política relevante no es quién debe gobernar el sistema, sino qué combinación de reglas, escalas y centros de decisión permite que el sistema aprenda sin que sus errores se propaguen a todo el conjunto.

El político más genuinamente ostromiano quizá sería el que ofreciera menos un «gran proyecto». En lugar de anunciar una solución nacional uniforme, diría algo parecido a «vamos a permitir que distintos territorios prueben reglas diferentes, compararemos resultados, conservaremos lo que funcione y corregiremos lo demás». Electoralmente es bastante menos memorable que «yo tengo la solución». Científicamente, sin embargo, se parece mucho más a tratar una sociedad como el sistema complejo que es.