Noelia Castillo y la Ley de menores

El caso de Noelia Castillo ha reabierto un debate complejo: el papel del Estado en la protección de menores y las consecuencias a largo plazo de retirar la custodia a los padres biológicos.

Aunque es cierto que en su infancia fue tutelada por el sistema de protección, los motivos concretos de esa decisión pertenecen al ámbito de su privacidad y responden a evaluaciones técnicas basadas en posibles situaciones de desamparo o incapacidad parental. —En el caso de Noelia suena raro pues su padre luchó hasta el final y no tiene pinta de desamparo alguno. La madre la acompaña sonriente en las fotos—.

Dicho esto, sí es legítimo plantear una reflexión más amplia. La retirada de custodia es una de las medidas más extremas que puede adoptar el Estado, y en teoría se aplica como último recurso cuando se considera que el bienestar del menor está comprometido. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido muchísimas críticas sobre los excesos de estas medidas, hace años ya publiqué varios estudios aportando evidencias científicas que demostraban que es un sistema claramente injusto y que provoca el desamparo de las familias. La conclusión a la que llegué, es que la retirada de muchos menores no estaba justificada ni por asomo.

En el ensayo “Robo de niños en democracia” editado por la universidad de Burgos, introduje una mirada crítica hacia el sistema que hace aguas por todas partes, cuestionando hasta qué punto algunas intervenciones pueden haber traspasado la línea entre protección, en fin.

En muchas ocasiones me han preguntado: ¿Cuáles son las consecuencias de separar a un menor de su familia de origen?

Cada situación es única y responde a circunstancias concretas. Sin embargo, la historia de Noelia sí puede servir como punto de partida para reflexionar sobre los efectos duraderos que pueden tener estas decisiones institucionales.

En última instancia, el debate no debería centrarse en posiciones absolutas —ni en la defensa ciega del sistema ni en su condena total—, sino en la necesidad de garantizar mecanismos transparentes, revisables y centrados en el interés superior del menor (aunque tendría que ser el interés superior de la familia en su conjunto). Solo así se puede evitar que la “protección” se convierta, en muchos casos en violencia institucional.