Graduacion de la pena determinar la pena quiere decir fijar la que debe corresponder para cada delito. Si la pena funciona como prevención, en el sentido de que por el temor que infunde, resulta idónea para apartar a la gente de cometer el delito; pero resultaría innecesaria la valoración individual del hecho y de la persona, con lo que no seria justa. La pena tiene que ser tan grave que su amenaza pueda vencer el estimulo del crimen; pero sin pasar el limite dentro del cual resulta justa su aplicación. Este sentimiento de justicia debe ser la guía del legislador de las penas, al graduar su aplicación, sea tanto como corolario de cada uno de los delitos que describe, como de su inflexión, genéricamente considerada, respeto de ciertas personalidades o conducta. El problema de la determinación de la pena esta basado sobre la amenaza y la aplicación. La primera debe ser grave, la segunda justa. Para que la amenaza sea grave, tiene que ser precisa, fija, es decir, que probado un hecho comprendido en la categoría prevista por la ley, dicha pena debe ser aplicada; pero, para que la aplicación sea justa, debe ponderar el hecho en todas sus particularidades y como estas no pueden ser previstas, la pena debe ser móvil, de manera que el juez pueda dosificarla conforme a aquella ponderación. La gravedad de la amenaza requiere una pena legal, la justicia de la aplicación requiere una pena judicial. El legislador penal establece como condena de la respectiva figura penal, una sanción con cierta flexibilidad por un lado multa y detención; mediante un margen de duración o cuantía, entre un mínimo y un máximo de tantos meses o años, o de tal cantidad de dinero a otra mayor, por lo que para sancionar a una persona, debe existir circunstancias modificativas que permite que los jueces concreten la pena entre los limites que el legislador ha entregado a su arbitrio.
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