violación de las leyes constitucionales o fundamentales de un estado. Toda actuación, tanto por vía normativa como ejecutiva, contraria a las leyes constitucionales puede reputarse inconstitucional; pero en realidad, el de reputarse inconstitucional; pero, en realidad, el calificativo que nos ocupa sólo adquiere su sentido específico propio cuando se predica de actos del poder legislativo, es decir, de leyes ordinarias del legislativo que vayan en contra de lo establecido por la constitución. En cambio, la actuación contraria a la constitución, pero por vía de actos administrativos o de gobierno, tengan o no carácter normativo, implica en realidad sólo una ilegalidad genérica, pues no ofrece especiales consecuencias ni distintos problemas el que la ley infringida con tales actos sea una ley constitucional o una simple ley ordinario. La inconstitucionalidad propiamente dicha, o sea, la de las leyes, puede dar lugar a su ineficacia o a procedimientos especiales para declararla, como así está previsto en algunos ordenamientos jurídicos.
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