los agentes de la administración pública pueden incurrir en distintas especies de responsabilidades. Aparte de la responsabilidad política que solo alcanza un limitado grupo de magistrados y funcionarios, señalados expresamente en la constitución pueden incurrir las responsabilidades a) civil, cuando los actos irregulares de los agentes de la administración han causado un daño o lesión patrimonial a la administración pública y, en su caso a los particulares, cuya sanción alcanza al responsable en su patrimonio. B) penal en los casos en que el acto irregular de los mismos, constituye un delito previsto y penado en el respectivo código, cuya sanción afecta al responsable en sus derechos personales y en primer término, a su derecho de libertad y c) responsabilidad administrativa cuando el agente falta al desempeño normal de los deberes que le señala la ley para con la administración, dando lugar a sanción de orden disciplinario, que lo afecten primordialmente en su carácter de funcionario o empleado.
Mediante el juicio administrativo de responsabilidad, el órgano jurisdiccional competente no solo trata de determinar la responsabilidad administrativa, de todo disciplinario, sino también la responsabilidad de orden civil, desde que se proponer establecer el monto del perjuicio producido con los actores irregulares, a fin de concretar el cargo definitivo, responsabilidad esta, cuyo tratamiento no se agota en este juicio, pues, si el imputado no se aviene a lo resuelto por el tribunal de cuentas, será el órgano jurisdiccional quien deberá en definitiva resolver el conflicto.
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