aquel en que uno de los litigantes es la administración pública (sea el estado, una provincia, municipio u otra corporación similar) y el otro en particular o una autoridad que reclama contra las resoluciones definitivas de aquella, que causan estado, dictadas en uso de sus facultades regladas y que vulneran un derecho o un interés de carácter administrativo, establecido y fundado en ley, decreto, reglamento u otra disposición preexistente. Para iniciar la parte verdaderamente judicial, no debe haberse agotado necesariamente la vía administrativa, mediante el trámite administrativo pertinente.
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