objetivamente considerada, la jurisdicción llamada económico-administrativa, no es sino una potestad pública determinada por la administración del estado que se ejerce al servicio de una función pública, consiste en un modo primordial en la resolución de reclamaciones promovidas y tramitadas a través de un procedimiento especial establecido al efecto, contra una especie muy caracterizada de actos administrativos los de gestión que en materia tributaria, dictan los diversos órganos de la administración activa. En un sentido subjetivo, es un conjunto de órganos administrativos, articulados y jerarquizados, integrados en la administración civil del estado para conocer, con arreglo a un procedimiento especial regulador de su actividad, y decidir, en vía administrativa, las reclamaciones que se deduzcan contra los actos de los órganos administrativos de gestión en materia fiscal.
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